martes, 23 de octubre de 2012

OFICIALISMO DEFIENDE EL PAGO CON BONOS

La decisión del bloque gobiernista Alianza País (AP) de allanarse totalmente al veto a la Ley de Servicio Público fue defendida ayer por el oficialismo y rechazada por la oposición. Mauro Andino (AP), que hasta el jueves dijo no estar de acuerdo con el pago de jubilaciones con bonos del Estado, señaló ayer que, luego de escuchar al presidente Rafael Correa hablar sobre este tema, apoyará su veto. Andino sustentó su decisión en que el primer mandatario se comprometió a incluir en el reglamento de la ley una disposición que establezca que, a quienes se someta a la jubilación obligatoria por tener 70 años o más, se les pagará el 100 por ciento de su indemnización en efectivo, dejando la puerta abierta al pago con bonos del Estado para el resto de jubilados. Los oficialistas César Rodríguez y Aminta Buenaño agregaron que el pago con bonos se justifica ya que podría darse una "avalancha" de peticiones de jubilación, y el Estado no estaría en capacidad de pagarles todo con dinero, sino una parte con papeles. Precisaron que el pago con bonos sería por hasta el 50 por ciento del monto de la indemnización. Pero Edwin Vaca (AL) acusó a la bancada de AP de actuar de manera "incoherente", pues recordó que 52 de sus 54 miembros votaron a favor de la ley. El independiente Jimmy Pinoargote considera que el allanamiento total de AP crea un pésimo precedente en la Asamblea. Hoy, 18 sep. 2010, p. 3

PETROECUADOR MILITARIZADA TRAS ANUNCIOS DE DESPIDOS

Luego del anuncio del despido de cerca de 600 trabajadores de la petrolera pública PETROECUADOR, sus instalaciones fueron militarizadas. Cerca de las 09:00, John Plaza, secretario general de los trabajadores, se mostró intranquilo ante la imposibilidad de detener el despido masivo de sus compañeros de trabajo. La información no fue negada ni confirmada por el gerente general de la empresa, vicealmirante Manuel Zapater. Hasta las 15:00 circulaba, incluso, información en torno a la salida de hasta 1.200 trabajadores. En horas de la mañana, según Plaza, se habría notificado a 90 empleados. La tensión en PETROECUADOR se inició a las 08:00, cuando los delegados del gerente general de la empresa y de los trabajadores (cuatro de cada uno) intentaron sesionar para analizar la situación laboral de varios obreros. El Universo, 17 sep. 2010, p. 3

BLOQUE OFICIALISTA ACOGERÁ PAGO CON BONOS, PERO HABRÁ REFORMA

El bloque de Alianza PAIS se allanará al veto presidencial en el artículo 129 de la Ley de Servicio Público, que establece la posibilidad del pago de las indemnizaciones a los jubilados con bonos del Estado. El asambleísta Gastón Gagliardo, quien junto a sus colegas participó en una reunión con el presidente Rafael Correa, anunció la decisión, pero que en dos o tres meses se hará una reforma para clarificar este tema. Agregó que el pago de bonos se hará a futuro pero reiteró que los jubilados mayores de 70 años recibirán el 100 por ciento en efectivo, a los menores de esa edad se pagará en efectivo o en bonos dependiendo de los recursos que tenga el Estado. El Universo, 17 sep. 2010, p. 2

INCERTIDUMBRE LABORAL POR POSIBLE OLA DE DESPIDOS EN PETROECUADOR

Alrededor de 700 trabajadores de PETROECUADOR serían suspendidos a partir de hoy por tener participación accionaria en la compañía Gasolinas y Petróleos SA, GASPETSA, debido a un presunto conflicto de intereses. Ello lo dio a conocer el representante del Comité de Empresa de PETROECUADOR, John Plaza, quien manifestó, sin embargo, que esta empresa ha funcionado sin ningún tipo de restricciones desde 1999. Según Plaza, los 90 días de suspensión servirán para que los empleados involucrados presenten sus pruebas de descargo a PETROECUADOR, respecto de su participación en Gaspetsa. Luego de ello, se determinará quiénes serían despedidos definitivamente. En PETROECUADOR no hubo una versión oficial respecto del tema, pero entre los trabajadores predominó un ambiente de temor por los posibles despedidos. Funcionarios de la empresa que pidieron la reserva indicaron que los gerentes de la Producción, Refinación y Comercialización estarían pensando en presentar su renuncia debido a que estaría bajo su responsabilidad el emitir las suspensiones de los trabajadores, sin tener el suficiente sustento jurídico. El Comercio, 17 sep. 2010, p. 7

EXIGEN RESPUESTAS A PROBLEMAS LABORALES

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por Nívea Vélez, se reunió ayer con el Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, para su comparecencia frente a los problemas laborales generados en empresas a lo largo del país. "Estamos llevando adelante un procedimiento, el Ministro tiene que responder a las repreguntas que hemos planteado algunos asambleístas", indicó Vélez, quien aseguró que "existen innumerables problemas laborales en el país, no sólo generados por el incumplimiento de la empresa pública" y de la privada. Refiriéndose al Mandato 8 sobre la contratación vía terceros, la legisladora expresó que "es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales exigir y establecer las sanciones respectivas para quienes siguen incumpliendo". A Espinosa también le exigieron informes sobre los problemas generados con las empresas Erco S.A., Consorcio Vachagnon, Edesa S.A., Marbelize S.A., Cuerpo de Ingenieros del Ejército y PETROECUADOR. "Fue una invitación, si es que hablamos de una comparecencia no hay tal, porque no se ha seguido el debido proceso para enjuiciar, sería ilegal", dijo Espinosa frente al cuestionamiento sobre un posible juicio político. "Hicimos una extensa exposición, el Mandato 8 es claro, la tercerización se eliminó, si es que existen instituciones y empresas privadas que no cumplen lo tienen que denunciar", señaló el Ministro, quien explicó que no se puede actuar sobre delitos que se desconocen y aclaró que "de lo que se ha denunciado el Ministerio acaba de dar una respuesta larga sobre todos los procesos que se han dado de incorporación de personal". La Hora, 16 sep. 2010, p. B. 3

EL PAGO DE PAPELES SERA ACLARADO EN EL REGLAMENTO

De "información distorsionada" calificó el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, a las objeciones presentadas respecto al veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa. Según dichos cuestionamientos, el Gobierno propone la cancelación de haberes a los servidores del sector público con Bonos del Estado en caso de compra de renuncias como indemnización. "Es importante destacar la palabra podrá de la transitoria", manifestó Espinosa al explicar que no será impuesto al empleado el pago con papeles del Estado. "En la mayoría de ocasiones procuraremos hacerlo en efectivo", añadió. Con esto, la cancelación en bonos es "solo una alternativa" para los interesados. "¿Por qué negarles la posibilidad de recibir (bonos) a los empleados que tal vez estén interesados en esta disposición?", puntualizó. Sin embargo, el texto suscrito por el presidente de la República Rafael Correa, no precisa en qué casos se hará el pago en Bonos. Para el titular del ex Ministerio de Trabajo, todas las dudas que surjan sobre el tema serán aclaradas en el Reglamento de la Ley de Servicio Público que se emitiría posteriormente. Expreso, 16 sep. 2010, p. 6

OTRO VETO SE DEFINIRÁ EN CARONDELET

El Ejecutivo se volvió una pared donde se han estrellado las propuestas de los asambleístas para mejorar Ley de Educación Superior y el Código Territorial. Esa es el principal inquietud que asalta a los legisladores de Alianza País, pocas horas antes de su reunión con el presidente Rafael Correa para analizar su objeción a la Ley de Servicio Público. En el veto a la Ley de Servicio Público, las cosas pudieran ser distintas. En la bancada de Alianza País hay voces que señalan que existen errores de fondo, que violan la Constitución. Por ejemplo, están en contra de que los servidores públicos deban presentar su renuncia a los 65 años y que esas indemnizaciones sean pagadas con bonos del Estado. Carlos Samaniego, miembro de la Comisión que redactó esa ley, aseguró que dar paso a esa intención del Ejecutivo sería atentar contra las conquistas históricas de los trabajadores. Además, se perjudica a la autonomía laboral de entidades como la Contraloría y la Procuraduría del Estado, que estarían subordinadas a un superpoderoso Ministerio de Trabajo. Además, afectaría a las leyes especiales para funcionarios como los del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos puntos y otros del veto también fueron rechazados por la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. El equipo legislativo pidió rechazar la propuesta de Correa en 32 artículos, tres disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y una derogatoria. Ese paquete de artículos será llevado hoy a la reunión en el Palacio de Gobierno. La cita tiene previsto empezar a las 16:00 y se anunció que durará dos horas. La Federación Nacional de Servidores Públicos estará atenta al encuentro entre los representantes de Alianza País. Su presidente, Miguel García, dijo que los resultados de esa cita pudieran ser el detonante de una protesta a escala nacional; pues asegura serían afectados 200 000 servidores. El Comercio, 16 sep. 2010, p. 3

70 DÍAS DE CONFLICTO EN CONTINENTAL TIRE

Por el momento lo único cierto es que desde el 2009 las huelgas se convirtieron en una constante para Continental Tire Andina. El año pasado la producción estuvo parada por 77 días (21 en agosto y 56 entre octubre y noviembre). En el 2010 la situación se repitió y hasta ayer ya se registraron 70 días sin producir. El promedio de producción de Continental Tire Andina es de 6 500 llantas diarias. Eso significa que durante los 146 días la empresa dejó de vender USD 42 millones, según su vicepresidente de Recursos Humanos, Gustavo Malo. Además de las ventas, a Malo y a los directivos de la compañía les preocupa que la inestabilidad de la planta impida planificar con certeza. Los problemas no han escalado al punto de cerrar definitivamente la planta, lo cual está descartado por las elevadas inversiones: USD 15 millones el 2009 y otros 10 millones en este año. Los sindicalistas creen que lo que deja de vender la compañía debiera convertirse en el primer argumento para negociar un acuerdo. "Estamos abiertos al diálogo, pero los directivos de la empresa no quieren negociar", dice el secretario de conflictos del Comité de Empresa, Marcos Morocho. Desde el pasado 7 de julio se han planteado tres huelgas y hay una cuarta en trámite, la cual se llevará adelante si la negociación no prospera. Según los sindicalistas, las sentencias emitidas les favorecen. La versión de la empresa es idéntica, pero a su favor. Los directivos de la llantera acusan a los sindicalistas de buscar réditos políticos con el conflicto y han cuestionado el rol mediador del Ministerio de Relaciones Laborales. El Gobierno sigue de cerca el conflicto y se está preparando para tomar medidas más radicales si no hay acuerdo. El Comercio, 15 sep. 2010, p. 6

SI NO HAY EFECTIVO, SE PAGARÁ CON BONO A JUBILADOS

CORREA: En medio de un clima de amenazas de paros, el presidente Rafael Correa insistió ayer en dos de las objeciones que hizo al proyecto de Ley de Servicios Públicos, que sustituirá a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa del Sector Público (Losca). El Mandatario defendió la compra de renuncias con bonos del Estado y el establecimiento de una edad tope para que los burócratas se jubilen. Sobre el primer punto, aclaró que únicamente se trataba de una posibilidad que se aplicará en caso de que no exista dinero en efectivo para pagarle al servidor que quiera jubilarse. Especificó que la indemnización no solo se cancelará a través de ese mecanismo, pues podría resolverse que sea el 30 por ciento en bonos y 70 por ciento en efectivo. El Universo, 15 sep. 2010, p. 3

VETO A LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO SERÁ ANALIZADO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Durante su visita de los martes a Guayaquil, el presidente Rafael Correa calificó como "una discusión muy abierta" a la reunión con los asambleístas oficialistas que analizaron los vetos al Código de Ordenamiento Territorial y las leyes de Educación Superior y de Servicio Público. La discusión de esta última normativa está pendiente. "Esperamos esta semana, jueves o viernes, poder analizar los vetos de esa ley", manifestó el Jefe de Estado, quien hizo despacho durante todo el día en la ciudad. Con relación a la norma en suspenso, defendió el pago con bonos del Estado a empleados estatales que sean separados de sus cargos o jubilados. Explicó que los documentos son un mecanismo para evitar que falte el dinero para cancelar la indemnización en una supuesta "gran avalancha de jubilaciones". "No es que vamos a pagar con bonos. Pagaremos en efectivo. En caso de que falta (dinero) tendremos que hacer una negociación, pagar un 30 por ciento en bonos y un 70 por ciento en efectivo", añadió. Según el Jefe de Estado, las indemnizaciones son 125 salarios mínimos en el caso de renuncia y 150 en jubilación. En cuanto a la compra de renuncias, el Primer Mandatario reconoce que hay exceso de personal en las entidades gubernamentales y, sobre todo, empleados que "no entienden la nueva época y siguen con las prácticas burocráticas". Este es "un proceso doloroso, pero necesario para el país". Expreso, 15 sep. 2010, p. 4

RECHAZO A LEY DE SERVICIO PÚBLICO

El veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa amenaza la estabilidad de 230.000 servidores, de un total de 500.000 que hay en el país. Lo dice el presidente de la Asociación Nacional de Servidores del sector, Miguel García. Recordó que los derechos de sus compañeros son "innegociables" y, por tanto, espera que el Pleno de la Asamblea decida ratificar el proyecto que 106 legisladores aprobaron inicialmente y "no los 65 artículos que fueron modificados". García cree que existe una ilegalidad en el veto: "Desde el punto de vista constitucional, el Ejecutivo está facultado a vetar un documento aprobado por la Asamblea, pero no puede incluir textos y normas". Para respaldar su afirmación cita el artículo 138 de la Constitución, que dice que "la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto". Expreso, 13 sep. 2010, p. 6

LISTA INSTRUCCION FISCAL POR TEMA DE LA DEUDA EXTERNA

Luego de dos años de investigaciones y de considerar que se halló graves irregularidades en prejuicio del Estado ecuatoriano, la Fiscalía General del Estado encontró motivos para abrir una instrucción para determinar las actuaciones de gobiernos anteriores en el manejo de la deuda externa ecuatoriana, sobre todo de un tramo que estuvo por prescribir. Ayer, el fiscal Washington Pesántez Muñoz pidió a la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra los ex ministros de Finanzas en el gobierno de Sixto Durán Ballén: Mario Ribadeneira Traversari y Ana Lucía Armijos Hidalgo, y la ex funcionaria Miriam Mantilla Larrea, por el presunto delito de peculado. La Hora, 10 sep. 2010, p. B. 5

¿BONOS DEL ESTADO PARA LOS BURÓCRATAS?

Los servidores públicos se encuentran inconformes ante varios de los planteamientos que realizó el presidente Rafael Correa en el veto a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, el elemento más preocupante dentro del veto es la reforma al artículo 129 que determina el monto máximo de las indemnizaciones a las que podrá acceder un trabajador que se acoge a la jubilación, sea por retiro o por supresión de partida. "Pagar a la gente con papeles es inhumano y también es inconstitucional ya que el artículo 138 de la Carta Magna establece que en un veto parcial el Presidente podrá emitir un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto, en este caso los bonos". El Comercio, 8 sep. 2010, p. 6

INICIA EL PROCESO PARA FIJAR LOS SALARIOS DEL 2011

El ministerio de Relaciones Laborales inició el proceso para fijar las remuneraciones sectoriales para 2011. Para ese efecto, las cámaras de la producción y los trabajadores tienen como último plazo hasta el 3 de septiembre para designar a sus representantes al Consejo Nacional de Salarios (CONADES). Una vez que se hayan confirmado a los delegados para este fin, se emitirá un acuerdo ministerial para conformar las comisiones y, después de 15 días, se realizará la convocatoria para iniciar el trabajo de las delegaciones. El ministerio conformó una comisión técnica cuyo objetivo será analizar cada una de las áreas de actividad. Asimismo, este grupo determinará los parámetros a tomar en cuenta para la fijación salarial. Dinero, Diario de Negocios, 24 ago. 2010, p. 5