OTROS 101 BUROCRATAS FUERON DESPEDIDOS

El jueves pasado en la Superintendencia de Compañías un centenar de funcionarios fueron desvinculados de la entidad, a través de la compra de renuncias obligatorias. Las autoridades guardaron silencio sobre la medida. Al medio día de ayer, a través de un comunicado de prensa la Superintendencia de Compañías se pronunció sobre los despidos. "Como parte del proceso de reestructuración y optimización del talento humano que se ejecuta en todo el sector público, puso en práctica hoy (jueves) las disposiciones legales y reglamentarias que le permiten comprar renuncias con indemnización". El Comercio, 18 feb. 2012, p. 7

SERVIDORES PREVEN QUE ESTE VIERNES HABRÁ MAS DESPIDOS

Este viernes se esperan nuevos despidos en el sector público a través de la figura de renuncia obligatoria que se sustenta en el decreto presidencial Nº 813. Así lo aseguró el presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha, Miguel García, quien recibió información sobre que ya están listas nuevas acciones de personal. Hace una semana salieron 900 empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de los ministerios del Ambiente y de Industrias y Producción (MIPRO), del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), entre otros. Esta vez se temen nuevas salidas en el MIPRO y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), entre otras entidades. Y los despidos continuarán en febrero y marzo. Para este año, el Gobierno ha destinado $ 154"732.022,13 correspondientes a la partida 710710 para compra de renuncia. Si se calcula que cada trabajador podría recibir cerca de $ 38 mil, por lo que los recursos alcanzarían para unos 4 mil despedidos en el 2012. Estos sumados a los 2.700 del año pasado llegarían a unos 6.700 empleados públicos en total. El Universo, 25 ene. 2012, p. 5

DESAZÓN EN LOS SERVIDORES PUBLICOS POR LA NUEVA COMPRA DE RENUNCIAS

A las 08:00 de ayer, sin previo aviso, arrancó la segunda oleada de desvinculación de personal en las entidades del sector público. La medida responde a un proceso de reestructuración del Estado, que el Gobierno puso en marcha desde el 2011.Para ello emitió el Decreto Ejecutivo 813, que establece la polémica compra de renuncias con indemnización. La normativa entró en vigencia el 12 de julio del 2011 y se aplicó a fines de octubre, cuando se despidieron a 2 700 empleados. La proyección al terminar el año era desvincular a 4 700 trabajadores al finalizar el año (incluía a quienes se acogieran a la jubilación)". La cifra estimada para este año alcanza las 3000 personas. Este Diario buscó el dato oficial sobre el número de trabajadores que salió ayer. Hasta el cierre de esta edición, desde el Ministerio de Relaciones Laborales se informó que todavía no se generaba información sobre el tema. El Comercio, 21 ene. 2012, p. 12

NUEVOS DESPIDOS DE EMPLEADOS PUBLICOS

Ayer se despidió a algunas centenas de empleados públicos aplicando el decreto ejecutivo número 813, que establece la compra de renuncias obligatorias con indemnización. En el Ministerio de Ambiente fueron notificados unos 152 trabajadores, a nivel nacional; en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 105; Ministerio de Turismo, 36; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 168. Se conoció además que algunos empleados de la Secretaría Nacional de Riesgos y de la Agencia Nacional de Tránsito también fueron separados. Expreso, 21 ene. 2012, p. 7

NOTIFICAN RENUNCIAS A 900 EMPLEADOS DE 24 ENTIDADES

Alrededor de 900 servidores públicos de 24 instituciones del Estado en todo el país fueron separados ayer de sus puestos de trabajo, informó el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. Se trata de un nuevo proceso de despidos que terminará máximo a mediados de febrero e implicará la salida de 4.000 funcionarios más. Se explicó que el recorte de personal se sustentó en un proceso de análisis sobre la eficiencia y la calidad de atención a la ciudadanía. "Los servidores públicos que no cumplen con estas características fueron separados", sostuvo Espinosa. La planificación de los despidos, que se fundamenta en el Decreto Ejecutivo 813, que dispone la compra de renuncias a miles de empleados estatales, empezó la tarde del jueves. Varios funcionarios de ministerios que suelen trabajar hasta altas horas de la noche fueron informados por el personal de seguridad de esas dependencias para que abandonaran sus actividades a las 17:30. El Universo, 21 ene. 2012, p. 4

SERVIDORES DESPEDIDOS, MOLESTOS POR EL NO PAGO

Un grupo de ex empleados del Ministerio de Salud Pública, separado por la compra de renuncias con indemnización, protestó ayer en los exteriores de la Dirección Regional de Trabajo, porque aún no se les cancelan sus liquidaciones. Los servidores públicos llegaron hasta la dependencia para firmar el acta de finiquito y recibir sus indemnizaciones, como lo señalaba el documento que recibieron junto con la acción de personal el día en que se les anunció la salida de sus puestos de trabajo. Dayse Rosado, presidenta de la Asociación de Empleados de la Salud, núcleo del Guayas, indicó que en dicho documento se los citaba para que el viernes (ayer) realizaran el trámite respectivo, pero no fueron atendidos y los llamaron para el martes 15 de noviembre. "Esto es una burla, porque dicen una cosa y luego hacen otra, con esto queda demostrado que el presidente Rafael Correa mintió una vez más, porque aseguró que el dinero ya estaba listo y eso es falso e incluso se dijo que en 48 horas luego del despido el dinero estaría en las cuentas personales de los trabajadores", sostuvo Rosado. El Universo, 12 nov. 2011, p. 3

OTROS TRESCIENTOS SERVIDORES SALIERON DE CNT, BNF Y MUNICIPIO

Noviembre cerró con nuevas desvinculaciones masivas en el sector público. El miércoles pasado, por ser el último día del mes, al menos 250 trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fueron notificados con un despido unilateral por parte de la empresa pública, informaron fuentes de la entidad. Las notificaciones empezaron desde las 09:00 en Santo Domingo de los Tsáchilas; y siguieron en Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Pichincha y Carchi. En esta última provincia, un mensajero les entregó la notificación que indicaba que no cumplían los perfiles requeridos o que no habían cumplido con estándares de evaluación. En otras entidades también continuaron los despidos con base en el Decreto Ejecutivo 813, que contempla la compra de renuncia obligatoria. En el Banco Nacional de Fomento (BNF) fueron separados 60 trabajadores más. A finales de octubre ya habían salido 260 personas de esta entidad. El miércoles, en el Municipio de Rumiñahui fueron despedidas, a través del mismo decreto, seis personas. Entre ellas, el presidente de la Asociación de Empleados y miembro de la Confederación Nacional de Empleados Municipales, Carlos Baldeón. El Universo, 2 dic. 2011, p. 2

RENUNCIAS OBLIGATORIAS NO VIOLAN DERECHOS PARA LA MAYORIA DE CC

La posición del presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, sobre la incompetencia del organismo para declarar la inconstitucional del Decreto Ejecutivo 813, que estableció la compra de renuncias obligatorias con indemnización, se impuso ayer en la sesión extraordinaria en la que se trató el tema. Tras cuatro horas y media de debate, la CC devolvió al juez ponente, Roberto Brhunis, el informe en el que recomendaba el archivo de las demandas que piden la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto, a fin de que reformule los fundamentos constitucionales por los cuales deben rechazarse estas causas. Según Pazmiño, la CC sería incompetente para conocer el caso, porque las demandas, más que una acción de inconstitucionalidad, constituyen una impugnación a la ley o al decreto, mas no a la Carta Política. El Universo, 2 dic. 2011, p. 2

DESPIDOS FUERON POR CORRUPCION EVIDENTE

La compra de renuncias obligatorias que aplica el Gobierno como parte de la reestructuración del sector público estaría fundamentada en una "corrupción evidente", pero que no se puede demostrar, según reconoció ayer el presidente de la República, Rafael Correa."Esta es una cantaleta (...) que a los corruptos había que sancionarlos y no había que terminarlos con una indemnización... palo porque bogas, palo porque no bogas", dijo ayer el mandatario, quien enfatizó que esta medida "se la ha aplicado después de un extenso análisis". Dicho estudio fue elaborado por un grupo de 80 jóvenes que conforman la Unidad de Formación Interinstitucional del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), encargados de revisar las carpetas de los funcionarios, sus salarios y decir por qué debían ser desenrolados del sistema estatal. El presidente Correa los conoció y felicitó ayer durante un recorrido que realizó al nuevo edificio del MRL ubicado en el norte de Quito, a cargo de Richard Espinosa. El Universo, 22 nov. 2011, p. 4

NUEVO GREMIO DE BURÓCRATAS PACTA CON EL RÉGIMEN

El Gobierno Nacional selló tres acuerdos con cientos de trabajadores del sector público, quienes a cambio se comprometieron a respaldar al régimen y al proyecto político que impulsa, entre otros puntos. El pacto principal fue la firma de un acuerdo ético-político entre el Ministerio de Relaciones Laborales y la naciente Confederación de Trabajadores del Sector Público (CTSP). El testigo de honor fue el presidente Rafael Correa. Durante el acto, la cartera de Estado también emitió un acuerdo ministerial que aprobó los estatutos del gremio y, por ende, formalizó su creación; y el Ministerio de Educación suscribió el primer contrato colectivo del Sindicato de Auxiliares Educativos de esa secretaría. El acuerdo ético-político dice que la confederación, que aglutina a unos 60 mil empleados públicos, apoyará al "proceso de reforma del Estado, como parte del proyecto político de cambio que impulsa el Gobierno Nacional", según la lectura que hizo del mismo el vicepresidente de la agrupación, Uber Delgado. De su parte, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, destacó que uno de los objetivos será impulsar junto al gremio la transformación de la administración pública. El presidente de la nueva confederación, Marcelo Solórzano, dijo que este acercamiento es un convenio de gobernabilidad que busca disminuir los conflictos y tender lazos de diálogo directo con el Gobierno. Pero pidió al jefe de Estado que no se repita el operativo de compra de renuncias obligatorias que se dio el pasado 28 de octubre pues, a su criterio, no se respetó el debido proceso. Correa desmintió esto cuando dio su discurso e insistió nuevamente en que el régimen ejecutó esa medida en pos de conseguir los cambios que demanda el proyecto de la revolución ciudadana y conseguir la excelencia que debería primar en la atención al público. Repitió que fue una decisión dura de tomar y que quizá se cometieron ciertos errores. El Universo, 16 nov. 2011, p. 4

BIESS MARCA RECORD EN CREDITOS HIPOTECARIOS

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, rompió su propio récord mensual en número de operaciones y monto desembolsado por concepto de préstamos hipotecarios a los afiliados y jubilados del país. El nuevo récord corresponde al mes de octubre, en el cual se desembolsaron 87.473.537 dólares, beneficiando a 2.382 familias ecuatorianas, superando así la cifra del pasado mes de septiembre, en donde se entregaron 73.534.082 dólares, a un total de 2.012 afiliados y jubilados. De las operaciones totales de octubre, 1.580 fueron destinadas a la adquisición de vivienda terminada, 557 para construcción, 136 para obtención de terreno, 36 para terreno y construcción, 46 para ampliación y remodelación, nueve para compra de oficinas, locales comerciales y consultorios, así como 18 sustituciones de hipotecas. Tomado de la página Web El Tiempo, 14 nov. 2011,

LOS DEFENSORES DE LOS EMPLEADOS DESPEDIDOS ARMAN SU ESTRATEGIA

La compra masiva de 2 700 renuncias obligatorias en el sector público, que tomó fuerza el pasado 28 de octubre, movilizó a las federaciones de servidores públicos y a los sindicatos del país, los cuales buscan armar una defensa legal ante la arremetida del Gobierno. La respuesta será igualmente masiva, con impugnaciones ante las autoridades de los diferentes ministerios y entidades públicas que autorizaron la salida de los funcionarios públicos. Si lo anterior no funciona, el siguiente paso será la presentación de recursos de amparo ante los jueces del país, lo cual también será de forma colectiva. Paralelamente, ya se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 813, de julio pasado, el cual viabiliza la compra de renuncias "obligatorias", una figura que ha sido cuestionada. La Corte Constitucional deberá resolver estas demandas, pero todavía no se ha pronunciado, aunque ya comenzó su análisis. Hernán Rivadeneira, quien fue vocal del Tribunal Constitucional entre 1998 y el 2002 y que está vinculado al Partido Socialista, asesora actualmente a las centrales sindicales del país. Otros abogados están organizando a los funcionarios destituidos para representarlos y presentar las acciones legales antes autoridades del Gobierno y jueces. El Comercio, 14 nov. 2011, p. 6

EL BIESS BAJA TASAS DE HIPOTECARIOS

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) comienza a entregar el crédito hipotecario productivo desde mañana. Durante el 2011, la inversión en el sector productivo llegará a los 627 millones de dólares, con una tasa de interés promedio del 8,5 por ciento. Los primeros créditos serán destinados para la compra de terrenos -dijo Omar Serrano, director del BIESS- que tengan proyectos de desarrollo productivo. Para este segmento están listos 40 millones, en primera instancia. Luego iniciará la concesión de créditos para la compra de oficinas y otros bienes. En las Pymes el BIESS hará una inversión de 50 millones de dólares para factoring. Un rubro adicional de 213 millones está destinado para inversiones en los sectores estratégicos de la economía, con el fin de mejorar la producción. También entran en vigencia las nuevas tasas de interés reducidas para los créditos hipotecarios, que van hasta los 100.000 dólares. Los préstamos de 5 a 10 años plazo pagarán una tasa anual del 7,9 por ciento. Los de 15 años tendrán un interés del 8,07 por ciento -según Omar Serrano- y los créditos de 20 a 25 años pagarán una tasa del 8,56 por ciento. La tasa anterior de estos créditos era del 10,20 por ciento. En los demás rangos, las tasas tenían 1 punto porcentual más arriba. Tomado de la página web. Expreso, 14 feb. 2011, p.

BIESS CAMBIA PANORAMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) redujo la participación de la banca privada dentro de los créditos hipotecarios. Hace un mes, antes de que esta entidad entre en operación, el sistema privado captaba el 77,4 por ciento de la cartera total de vivienda, ahora capta el 54,9 por ciento. El resto lo tiene el banco del seguro. Efraín Vieira, gerente general del BIESS, señaló que el mapa del sistema financiero se modificó porque la entidad trajo un "complemento". En palabras de Ricardo Cuesta, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), organizó mejor las "condiciones especiales" de los préstamos. De hecho, el BIESS empezó con una estrategia: compra de las hipotecas de la banca privada. A esto le sumó montos altos (pasó de 75 mil a 100 mil dólares), tasas de interés que promedian el 9 por ciento y plazos de hasta 25 años. A diferencia de la tasa de interés hipotecaria de la banca privada que promedia el 11 por ciento y los plazos que están entre los 10 y 15 años. Además que este sistema exige el 30 por ciento del valor de la vivienda como entrada. La Hora, 29 nov. 2010, p. B. 6

COMPRA DE RENUNCIAS SE INICIA CON FUNCIONARIOS DEL MAGAP

Más de US$ 140 millones destinará el Ejecutivo para la salida de empleados estatales, como lo ha anunciado el régimen. Articulados de la Ley de Servicio Público, vigente desde el 6 de octubre pasado, son la base legal para la reducción del tamaño estatal. Establecen el retiro voluntario, retiro obligatorio, renuncia voluntaria, supresión de partidas. "En eficiencia estatal, US$ 142 millones, básicamente compra de renuncias que nos permite la nueva ley, es durísimo, a mí me cuesta mucho de repente tener que decir a alguien que ya no puede seguir trabajando, pero tenemos que anteponer el bien común, si tenemos a alguien deshonesto, ineficiente no podemos mantenerlo en el sector público...", dijo semanas atrás el presidente Rafael Correa. La primera institución donde se aplica una reforma interna es en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Esta se dividirá en tres viceministerios: de Desarrollo Productivo y Rural, de Agricultura y Ganadería, y de Acuacultura y Pesca. La Asociación de Trabajadores estima que de esa cartera dejarán de laborar unas 500 personas, mientras que de las entidades adscritas, otras 500. El Universo, 8 nov. 2010, p. 2

RENUNCIAS

PROCESO INICIA EN 18 MESES: El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, informó el pasado viernes sobre la forma en que se cumplirá el proceso de compra de renuncias anunciado en días pasados. Para aquellos empleados de carrera del sector público que hayan cumplido 70 años de edad, la indemnización será de hasta US$ 36 mil en efectivo, mientras que a los demás empleados (menores de 70) que entren en el proceso se les pagará 50 por ciento en dinero y el otro 50 por ciento en bonos del Estado. Espinosa aseguró que los bonos generan una buena rentabilidad, "mucho mejor que tener el dinero en cualquier inversión en el sistema financiero". Asimismo señaló que muchos de los puestos serán reemplazados por la vía de concursos de méritos y que, en el caso de detectar algún puesto designado "a dedo", tanto el funcionario que autorice el ingreso como el empleado serán retirados de su cargo y este último deberá pagar una indemnización al Estado. El proceso iniciará dentro de un año y medio; en ese lapso serán evaluados los burócratas, porque no está definido un número exacto de los empleados que cesarán en sus funciones. Dinero, Diario de Negocios, 20 sep. 2010, p. 3

COMPRA DE RENUNCIAS CON LOS BONOS TOMARÁ HASTA 18 MESES

Un texto incluido por el Ejecutivo como disposición transitoria décima en el proyecto de Ley de Servicio Público permite la compra de renuncias "obligatoria" a los servidores públicos, como parte de la racionalización de la burocracia. Ese texto, que añade que el pago de las indemnizaciones puede realizarse con bonos del Estado, generó críticas desde la dirigencia de los servidores e incluso de algunos asambleístas de Alianza PAIS. Pese a ello, tras una reunión de la bancada y el mandatario Rafael Correa, el jueves anterior, parece que la postura presidencial será acogida por PAIS, aunque la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea recomendó rechazar tales objeciones. Según la transitoria, la reducción del recurso humano se realizará en 18 meses, como máximo, y dependerá de las necesidades de cada institución y de la disponibilidad fiscal. El pago máximo que recibirá el servidor será de $ 39.600, es decir, 165 salarios básicos unificados de un empleado del sector privado. Si no hay los recursos, se pagará con bonos. El Universo, 20 sep. 2010, p. 3

EL PAGO DE PAPELES SERA ACLARADO EN EL REGLAMENTO

De "información distorsionada" calificó el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, a las objeciones presentadas respecto al veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa. Según dichos cuestionamientos, el Gobierno propone la cancelación de haberes a los servidores del sector público con Bonos del Estado en caso de compra de renuncias como indemnización. "Es importante destacar la palabra podrá de la transitoria", manifestó Espinosa al explicar que no será impuesto al empleado el pago con papeles del Estado. "En la mayoría de ocasiones procuraremos hacerlo en efectivo", añadió. Con esto, la cancelación en bonos es "solo una alternativa" para los interesados. "¿Por qué negarles la posibilidad de recibir (bonos) a los empleados que tal vez estén interesados en esta disposición?", puntualizó. Sin embargo, el texto suscrito por el presidente de la República Rafael Correa, no precisa en qué casos se hará el pago en Bonos. Para el titular del ex Ministerio de Trabajo, todas las dudas que surjan sobre el tema serán aclaradas en el Reglamento de la Ley de Servicio Público que se emitiría posteriormente. Expreso, 16 sep. 2010, p. 6

SI NO HAY EFECTIVO, SE PAGARÁ CON BONO A JUBILADOS

CORREA: En medio de un clima de amenazas de paros, el presidente Rafael Correa insistió ayer en dos de las objeciones que hizo al proyecto de Ley de Servicios Públicos, que sustituirá a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa del Sector Público (Losca). El Mandatario defendió la compra de renuncias con bonos del Estado y el establecimiento de una edad tope para que los burócratas se jubilen. Sobre el primer punto, aclaró que únicamente se trataba de una posibilidad que se aplicará en caso de que no exista dinero en efectivo para pagarle al servidor que quiera jubilarse. Especificó que la indemnización no solo se cancelará a través de ese mecanismo, pues podría resolverse que sea el 30 por ciento en bonos y 70 por ciento en efectivo. El Universo, 15 sep. 2010, p. 3

VETO A LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO SERÁ ANALIZADO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Durante su visita de los martes a Guayaquil, el presidente Rafael Correa calificó como "una discusión muy abierta" a la reunión con los asambleístas oficialistas que analizaron los vetos al Código de Ordenamiento Territorial y las leyes de Educación Superior y de Servicio Público. La discusión de esta última normativa está pendiente. "Esperamos esta semana, jueves o viernes, poder analizar los vetos de esa ley", manifestó el Jefe de Estado, quien hizo despacho durante todo el día en la ciudad. Con relación a la norma en suspenso, defendió el pago con bonos del Estado a empleados estatales que sean separados de sus cargos o jubilados. Explicó que los documentos son un mecanismo para evitar que falte el dinero para cancelar la indemnización en una supuesta "gran avalancha de jubilaciones". "No es que vamos a pagar con bonos. Pagaremos en efectivo. En caso de que falta (dinero) tendremos que hacer una negociación, pagar un 30 por ciento en bonos y un 70 por ciento en efectivo", añadió. Según el Jefe de Estado, las indemnizaciones son 125 salarios mínimos en el caso de renuncia y 150 en jubilación. En cuanto a la compra de renuncias, el Primer Mandatario reconoce que hay exceso de personal en las entidades gubernamentales y, sobre todo, empleados que "no entienden la nueva época y siguen con las prácticas burocráticas". Este es "un proceso doloroso, pero necesario para el país". Expreso, 15 sep. 2010, p. 4