En una sesión que se extendió hasta las 03

0 de ayer, 90 asambleístasaprobaron el segundo mandato que regula los salarios en el sector público,pues se determinó que ningún funcionario podrá ganar más de US$ 5.000 mensuales y que el techo máximo de indemnizaciones será de US$ 42.000 parael empleado que haya laborado 30 años, es decir, US$ 1.400 por cada año de servicio. Dejar fuera del mandato a la Fuerza Pública para la fijación delas indemnizaciones tiene una razón, según los asambleístas de PAIS. LasFuerzas Armadas y la Policía tienen un alto grado de siniestralidad y están expuestos de manera constante a riesgos de trabajo que unfuncionario público que hace labores en oficina, explicaron Virgilio Hernández y Betty Amores (PAIS). Pero ese argumento no convenció a la oposición, pues el socialcristiano Leonardo Viteri comentó que ese textose incluyó por la presión de la Policía y las Fuerzas Armadas, puesaseguró que "el oficialismo cambió el texto alrededor de diez veces,manejándose por presiones desde los cuarteles". (El Universo, 25 ene.2008, p. 4)